En un país con más de 6 millones de personas en situación de desempleo, de las que los menores de 25 años representan más de la mitad (57,2%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA)), se hace necesaria una solución urgente para poner fin a esta dramática situación.

Así, la última noticia es que los gobiernos de Alemania, Francia y España se han lanzado a buscar desesperadamente cómo combatir el desempleo juvenil, (sin concretar mucho…, la verdad).

En este contexto se habla de varias alternativas como las prácticas laborales, el contrato de primer empleo o, en el que vamos a centrar nuestra atención, el contrato para la formación y el aprendizaje, que, según indicó hace unos días la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ya han suscrito en España desde el mes de enero más de 28.000 jóvenes.

Desarrollado por el anterior Ejecutivo del PSOE, sufrió una serie de cambios que el Gobierno actual del PP decidió introducir ante el panorama que se le presentaba y confiando en que podría resolverlo o, al menos, aliviarlo. En este sentido, se aumentó la franja de edad de los destinatarios, pasando de los 25 hasta los 30 años (hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%) y su duración máxima de un año pasó a tres.

El objetivo de este tipo de contrato es fomentar la empleabilidad de unos jóvenes que se ven rechazados en el mercado laboral por carecer de la formación práctica necesaria para desempeñar un puesto de trabajo. Y es que en España se invierte mucho en enseñanzas superiores pero se descuida la que va orientada al empleo.

En este sentido, contempla un programa formativo para la persona contratada que supondrá el 25% del total de la jornada laboral durante el primer año de contrato y del 15%, como mucho, durante el segundo y tercer año. Visto así, este contrato tiene un gran atractivo para estudiantes que quieren dar sus primeros pasos en el mundo laboral mejorando su formación y, lo mejor, con una remuneración que no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (645,30€), en proporción al tiempo de trabajo efectivo y cotizando desde el primer momento a la Seguridad Social. Además, como resultado, la persona formada obtendría un certificado de profesionalidad en esa especialidad u oficio que ha aprendido.

Además, las empresas que contraten también ganan, ya que se benefician de la bonificación del 100 % del coste de la formación teórica y del 100% en la reducción de cuotas en el Seguridad Social, en el caso de pymes, y del 75%, si su plantilla supera los 250 trabajadores. Asimismo, si deciden contratar a la persona formada y hacerlo indefinido, tendrán una bonificación en las cuotas empresariales de 1.500 euros, en el caso de hombres, y de 1.800 en el caso de las mujeres durante 3 años.

También los autónomos pueden sacar partido a este contrato que  podrían contratar bajo esta modalidad a un hijo menor de 30 años o a un familiar con una bonificación total sobre las cuotas de la Seguridad Social.